Ginebra, 08 de noviembre, 2004.-
Comité de los derechos económicos, sociales y culturales
33° periodo de sesión.
Intervención de Juan Pichun Collonao.

Comunidad Antonio Nirripil de Temulemu.

Señor Presidente:

Antes de intervenir voy a guardar, y les pido a ustedes, un minuto de silencio porque acaban de cumplirse ayer dos años del asesinato de Alex Lemún, un joven Mapuche de 17 años por parte de Carabineros de Chile durante una manifestación por la defensa de las tierras.

Mi nombre es Juan Pichún Collonao soy werken (mensajero) de las comunidades en reivindicación y defensa por las tierras Mapuche en Chile y vengo además en representación de nuestros presos políticos. Soy uno de los 7 hijos del lonko (jefe) Pascual Pichún Paillalao que en estos momentos se encuentra cumpliendo una condena de 5 años y un día bajo el cargo de “amenaza terrorista” y nuevamente acusado por “asociación ilícita terrorista” bajo la tipificación de la Ley Antiterrorista 18. 314 creada bajo la sangrienta dictadura del General Pinochet.

El pueblo Mapuche está ubicado al sur del río Bio-Bio en la octava, novena y décima región de Chile con una población de alrededor de 1 millón y medio de personas, aunque el gobierno desconoce esta cifra y la reduce a cerca de setecientos mil. La constante invasión y colonización del territorio Mapuche por el ejército chileno y ahora por empresas transnacionales (forestales, hidroeléctrica, turismo, pesqueras y carreteras), ha significado la pérdida del 95% de las tierras ancestralmente ocupadas por nuestro pueblo. El día de hoy contamos con alrededor de quinientas mil hectáreas, cantidad insuficiente para desarrollar nuestra agricultura, economía, cultura y nuestra religiosidad. La tierra y el territorio son la base fundamental de nuestra visión socio-filosófica lo que nos ha llevado a seguir defendiendo y reivindicándolos ante su invasión y destrucción por aquellos grupos económicos que violan los derechos fundamentales del ser humano y en particular, a los derechos colectivos e individuales de nuestro pueblo.

Nosotros los Mapuche nos oponemos a que las forestales masifiquen su inversión en nuestra zona y luchamos contra ellas utilizando distintos mecanismos de presión como comunicados de prensa, campañas de información, bloqueos de caminos, ocupación de los predios forestados y usurpados por estas empresas, ya que son las principales responsables de la destrucción de la biodiversidad de nuestras tierras. Sin embargo, estas son protegidas y promovidas por las leyes gubernamentales, con la aplicación de la Ley Antiterrorista contra el pueblo Mapuche con el fin de asegurar sus inversiones. Es así como en los últimos 7 años se han ido incrementando y endureciendo la represión, persecución y allanamientos a las comunidades y organizaciones Mapuche que defendemos las tierras. Esto a través de la aplicación de leyes antidemocráticas como la Ley de Seguridad Interior del Estado y la persistente aplicación de la Ley Antiterrorista, violando muchos de nuestros derechos protegidos por los pactos internacionales firmados por el Estado chileno. Entre ellos están: El Pacto de San José de Costa Rica y el Artículo 14 del Pacto Internacional del Derecho Civil y Político ratificado por Chile.

En la actualidad, el Estado chileno desconoce la existencia de un pueblo que posee estructuras políticas, sociales y religiosas propias, y ha violado constantemente nuestro derecho a existir y desarrollarnos en nuestro territorio. Este ha judicializado y criminalizado la demanda de tierras encarcelando a nuestros lonkos y dirigentes con cargos completamente desproporcionados a las movilizaciones desarrolladas. De esta manera, simples acciones de reivindicación social y de lucha por la tierra son caracterizadas como actos de terrorismo.

La represión por parte del Estado chileno se presenta con diferentes facetas: no sólo con el encarcelamiento de nuestros lonkos y dirigentes, sino también en nuestras propias casas con el allanamiento constante por parte de policías uniformados y civiles, quienes provocan un gran miedo en los adultos y principalmente en niños con la actitud de racismo y violencia con que llegan a las comunidades y casas. El “Informe Diagnóstico y de Intervención Comunidad Cacique José Guiñón Ercilla” elaborado el año 2004 por el Ministerio de Salud, a través del Servicio Salud Araucanía Norte de la novena región, da cuenta del problema psicológico que sufren los niños Mapuche por estas acciones policíacas. De esta misma forma, el Informe emitido recientemente (octubre 2004) por José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Right Watch, titulado “ Proceso Indebido: Juicios Antiterroristas, Tribunales Militares y los Mapuche en el Sur de Chile”, demuestra una vez más la militarización de la zona Mapuche con el fin de reprimir y crear miedos en los niños, adultos y ancianos y de esta forma coartar el legítimo derecho a existir y a reivindicar lo que siempre ha sido nuestro.

Soy miembro de la familia Pichún Collonao quienes hemos sido objeto de persecución y represión política y judicial. Esto ha culminado con el encarcelamiento de mi padre. Por otra parte, dos de mis hermanos, Rafael y Pascual Alejandro, son hoy prófugos de la injusticia, o perdón, justicia. Además, nuestra casa ha sufrido alrededor de 20 allanamientos en los últimos dos años. Lo que ha traído como consecuencia el miedo de mis madres y hermanos pequeños por la violencia física y psicológica de la cuál hemos sido víctimas. En una oportunidad, alrededor de las 6 y media de la madrugada llegaron a nuestra casa aproximadamente 100 agentes policiales armados con vehículos blindados (bus, camionetas, jeeps equipados con bombas lacrimógenas), con armas de fuego de servicio, escopetas antimotines y ametralladoras. Rodeando el perímetro de la casa, un grupo especializado rompe la puerta de la casa y ventanas para ingresar y revisar la existencia de armas de fuego (las cuáles no habían) y detener a mis hermanos quienes eran buscados para ir a cumplir la condena de 5 años y un día bajo el cargo de incendio, denominado como acto terrorista. Al no ser hallados, golpean a mis madres quienes se opusieron a que siguieran destrozando la casa, mientras nosotros los hombres éramos interrogados a las afueras de la casa para entregar antecedentes sobre el paradero de mis hermanos. Al negarnos, también fuimos víctimas de golpizas y malos tratos. Mientras tanto, los niños lloraban desconsoladamente por lo que estaba ocurriendo. Como consecuencia, los niños no pueden ver a un policía uniformado sin empezar a llorar debido al miedo que les provoca y la asociación que hacen con todas esas entradas por la fuerza a nuestro hogar. El último de los allanamientos a mi hogar se produjo el día 7 de octubre a las 6 de la mañana, haciendo cumplir una orden emanada por el “Tribunal Oral en lo Penal de Temuco” con el objetivo de buscar a las personas que no se presentaron en el juicio oral que se está llevando a cabo por “asociación ilícita terrorista” en contra de 16 peñis (hermanos) y lamgen (hermanas) Mapuche, acusación dentro de la cuál se encuentra mi padre quien había estado presente en el juicio y en ese momento cumpliendo una condena anteriormente ejecutada. En este caso, no les competía necesariamente que nuestro hogar fuera objeto de allanamiento ya que las personas buscadas no forman parte de nuestra familia. Es importante recalcar que esta situación situación no es particular, ni excepcional de la familia Pichún Collonao sino que es común de muchas familias Mapuche quienes son allanadas, golpeadas y violadas en sus derechos con frecuencia por motivos absurdos y sin fundamento alguno.

A la época, muchos dirigentes Mapuche han optado por la clandestinidad ya que no existe ninguna garantía para ellos de ser procesados bajo un juicio justo debido a que los tribunales carecen de imparcialidad y han aplicado todo el rigor de la ley, incluyendo la participación de testigos sin rostro que han declarado detrás de un biombo con un distorsionador de voz, al propio estilo de un régimen dictatorial. Por esta razón no se presentan ante los juicios en su contra y son buscados como prófugos de la injusticia (lo que ellos llaman justicia). El gobierno chileno siempre ha negado el tener presos políticos Mapuche y los considera como presos de delitos comunes tal como lo señala en la respuesta 29 de la “lista de cuestiones que deben abordarse al examinar su tercer informe periódico sobre los derechos enunciados en los artículos 1 a 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “En Chile no existen personas de ascendencia indígena procesadas o condenadas por acciones de defensa de tierras indígenas. En nuestro país excepcionalmente existen personas de ascendencia indígena que se encuentran privadas de libertad, en calidad de procesados o de condenados por delitos en contra de la propiedad.” Esto nos demuestra la hipocresía con la cuál actúa el gobierno.

Señor Presidente y delegados de esta comisión,

Solicito el pronunciamiento y el seguimiento a la aplicación represivas de las políticas chilenas hacia el pueblo Mapuche. Chile está realizando a través de los actos de represión anteriormente mencionados, constantes incumplimientos a los pactos y acuerdos internacionales firmados por ellos mismos, los cuáles resguardan y protegen los intereses de los pueblos indígenas existentes y los Derechos Humanos en general. Por lo tanto, demando una comisión de verificación en terreno por parte de los organismos pertinentes, para constatar la realidad que está viviendo actualmente nuestro pueblo y exigir al gobierno considerar a los encarcelados Mapuche en calidad de presos políticos por defender los derechos individuales y colectivas de las tierras.

Muchas gracias.