| 31 de julio de 2005 El “desacuerdo lingüístico” de los ataques incendiarios ¿Terrorismo indígena? |
Organizaciones internacionales de derechos humanos hablan de una “simple quema de rastrojos” que nada tiene que ver con la gravedad de atentados como el de Londres, Madrid o Nueva York. Pero la opinión no es unánime y hay quienes advierten que la llama del odio está encendida: “que nadie se asombre cuando un avión de LAN sea secuestrado y estalle en la capital”, afirma un experto.
Carolina Parada Gavilán
Ilustración: Domingo Baño A.
Exactamente a las 10 de la mañana del miércoles 27 de julio, Ester Valencia Durán -magistrada de la segunda sala del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco- comenzó a leer los fundamentos de la sentencia que el 22 de julio absolvió a seis comuneros mapuches acusados por el delito de asociación ilícita terrorista. Tardó quince minutos. No necesitaba más tiempo para explicar que las pruebas aportadas por el Ministerio Público no lograron acreditar la existencia de una organización que, “al amparo de la Coordinadora Arauco Malleco”, haya realizado actos de violencia en distintas comunas de la IX Región de La Araucanía durante los años 2001 y 2002, como lo señalaba la acusación del Ministerio Público, representado por el fiscal regional (s), Sergio Moya.
La magistrada fundamentó que estaba fuera de lugar la discusión del “carácter terrorista”, porque no quedó acreditado en el juicio que los hechos investigados persiguieran poner fin la vida humana.
Derrota y aplausos Fue una nueva derrota para el Ministerio Público de Temuco. Por segunda vez el tribunal oral estableció que no existe mérito suficiente para condenar a seis integrantes de la Coordinadora Arauco-Malleco.
Para los imputados, en cambio, fue un triunfo que recibieron con múltiples festejos al escuchar de boca de la jueza una sentencia que los deja libres de los cargos por atentados incendiarios, robos y otros delitos.
La alegría también se extendió a los diferentes organismos internacionales que siguieron atentamente este juicio. Para el Relator Especial de la ONU sobre la “Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas”, Rodolfo Stavenhagen, el juicio siempre estuvo mal enfocado y así lo manifestó durante su misión a Chile el año 2003.
Y tanta fue la preocupación que despertó este caso para dicho organismo, que Stavenhagen decidió enviar a Temuco al abogado Roberto Garretón, como Observador del juicio y representante de Naciones Unidas. Garretón es un ex integrante de la Mesa de Diálogo, y rechaza absolutamente la aplicación de la Ley Antiterrorista en el proceso contra los comuneros mapuches. “Aquí por amenazas o por quemas de un potrero se quieren aplicar los mismos criterios con los que se actúa frente a quienes pusieron las bombas en Londres.
La desproporción no puede ser mayor”, declara a EL SUR. (ver entrevista)
Defensa internacional
La organización internacional de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch, también se suma al rechazo de la aplicación de la Ley Antiterrorista en este juicio. Para el director ejecutivo de la División de las Américas, José Miguel Vivanco, “el delito terrorista internacional está estipulado como un deliberado atentado contra la integridad corporal o la libertad de las personas. Y se trata de circunstancias totalmente extremas, de delitos atroces”.
Bajo esta premisa Vivanco insiste a través de diversos medios que “es muy difícil explicar ante la comunidad internacional que un delito de incendio constituye un acto terrorista”.
Para el representante de Human Rights, es imperativa una revisión de la ley por parte del gobierno chileno, para evitar que “ciertos atropellos de su aplicación se sigan repitiendo en el futuro”, opinión que Garretón comparte al afirmar que la normativa “debe ser lo más precisa posible teniendo en cuenta que con esas leyes se van a adoptar normas de excepción en cuanto a la penalidad y en cuanto al procedimiento, porque se van a limitar ciertos derechos del procesado”.
Sobre este mismo punto el abogado sostiene que “aquí hay unas desproporciones enormes”, pues por la sólo inclusión de la palabra “terrorista” implica que la pena suba uno o dos grados. “Esta ley fue hecha por un dictador, tiene un espíritu dictatorial y si bien se le han introducido modificaciones, no le quitan la ilegitimidad intrínseca a la Ley que está hecha para proteger un valor que llaman seguridad nacional”, opina.
“Asquerosa manipulación”
Los juicios de Garretón desatan indignación en las víctimas.
Para quienes han vivido en carne propia la violencia de los ataques incendiarios de la VIII y IX región, es inaceptable que el abogado y observador internacional se refiera a ellos como una simple “quema de potreros”. Es lo que afirma Osvaldo Carvajal, conocido empresario de la zona y víctima de varios ataques incendiarios en su propiedad del lago Lleu Lleu.
Para él, los dichos de Garretón son “una asquerosa manipulación de los hechos de alguien que, detrás de su cómodo escritorio en alguna institución pública, no logra captar el miedo que viven las víctimas de uno de esos atentados”.
Para él, sin ninguna duda, se trata de atentados terroristas, pues lo determinante para calificar estos hechos, explica, no es si hay muchos civiles muertos o mutilados, si no el propósito claro de infundir terror en la población. Desde ese punto de vista concluye Carvajal, “los atentados que ejecuta la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco (CAM) son tan terroristas como los de ETA o Al Qaida”.
Su opinión tiene un fuerte respaldo en los agricultores de la zona, para quienes no es ningún mérito ostentar el triste récord de concentrar la mayor frecuencia de atentados en el país en los últimos años. “Creo que sería una gran irresponsabilidad esperar a que los crímenes de la Coordinadora Arauco Malleco terminen con una familia calcinada por sus bombas incendiarias para asumir que su acción es terrorista” agrega Carvajal.
Amenaza latente
Al igual que Osvaldo Carvajal, el analista político y experto en materias de Defensa, Daniel Prieto Vial, sostiene desde hace tiempo que “esto es terrorismo por donde se le mire”.
Prieto habla de “terrorismo indígena”, explicando que es financiado con recursos de organismos no gubernamentales de algunos países como Holanda, Francia y Suecia; y que entre los objetivos que persiguen es -a través de métodos de presión- lograr un mayor presupuesto y la asignación de tierras. En su opinión las organizaciones indígenas han alcanzado tanto poder de organización y de acción que incluso logran amedrentar a jueces y fiscales.
La visión de Daniel Prieto es que en la VIII y IX región ya se sembró la semilla del terror que, de no detenerse a tiempo, “podría tener consecuencias fatales”, advierte. “Ahora son ataques a particulares, pero si las cosas siguen este curso que nadie se asombre cuando un avión de Lan sea secuestrado y estalle en la capital”, afirma el analista.
Perspectivas y opiniones hay para todos los gustos y radicalmente opuestas. Ni siquiera hay consenso lingüístico sobre cómo nominar estos ataques. Para unos es inconcebible que la misma palabra defina los actos del señor Pichún (lonko procesado) y los de Osama Bin Laden. Para otros no hay duda que valga: terrorismo indígena.
http://www.elsur.cl/edicion_elsur/reportajes/ver.php3?dia=1122782400&id=2183