| La casi desconocida lectura de la prensa de izquierda no parlamentaria Hacia una nueva 'Pacificación de la Araucanía': ¿La derecha en armas? por Raúl Blanchet / Ana Muga Semanario El Siglo. - 5/5/2002 20:36 |
[La siguiente es una reproducción de la página web, Resistencia Mapuche, cuyos autores mantienen permanente intercambio epistolar cibernético con este medio, y en el cual, entregan antecedentes, al algunos casos inéditos, del conflicto mapuche, según análisis de periodistas del semanario El Siglo, en una de sus recientes ediciones]
La invitación a integrarse a grupos armados anti mapuche se realiza puerta a puerta en la zona de Traiguén, según denuncian algunos habitantes. Sumado al anuncio anónimo revelado por el periódico Las Noticias, de Victoria, sobre la existencia de comandos paramilitares dispuestos a combatir a las comunidades mapuches en conflicto, que encendió la polémica en torno al tema, representan un delicado cuadro que, más allá de los desmentidos oficiales para 'bajar el perfil' de los hechos, refleja la profundidad del problema. No se trata sólo de la central hidroeléctrica Ralco o de algún predio en litigio, sino de la amenaza de una nueva 'Pacificación de la Araucanía', que permita zanjar para siempre un problema político secular: el pleno dominio territorial de grandes empresarios, mediante el total aplastamiento del pueblo mapuche.
Conducta histórica
No es sólo un problema de ribetes étnicos. Es la cruda conducta política de los sectores más reaccionarios ligados al capital financiero y doblemente grave, porque si hoy se expresa en el sur del país no excluye su actuación en cualquier lugar, cuando las circunstancias lo requieran. Es un comportamiento ligado a la historia de la derecha chilena, que en 1970 asesinó al Comandante en Jefe del Ejército para impedir la asunción de Salvador Allende a la Presidencia de la República y, más tarde, a la realización de cientos de actos de carácter terrorista perpetrados por Patria y Libertad y el Comando Rolando Matus, para desestabilizar su gobierno.
Hoy, cuando en la zona de Malleco un supuesto grupo armado de ultraderecha toma el nombre de Hernán Trizano, quien durante la 'Pacificación de la Araucanía' persiguió al pueblo mapuche asesinando sin piedad a sus integrantes para ahuyentarlos de sus territorios, queda de inmediato establecida la relación con esas organizaciones en el surgimiento de aquellas organizaciones ultraderechistas, también con raíces en esa zona.
El resurgimiento
Ahora se manifiestan '...dispuestos a empezar una represalia contra los señores indígenas, en defensa de los agricultores, las forestales y de las hidroeléctricas', precisó la voz que anunció el nacimiento del Comando Hernán Trizano al diario Las Noticias. Por su parte, el gobierno reaccionó en forma 'serena' ante los anuncios y denuncias. Respondió a personeros de la propia Concertación que reclamaban la aplicación de la ley de Seguridad Interior del Estado ante los sucesos y revelaciones, que el gobierno investigaba todas las denuncias pero que hasta el momento no tenía evidencias que demostraran la existencia de tales grupos, por lo que las autoridades regionales, así como MIDEPLAN y la vilipendiada CONADI, conservarían el manejo de la situación.
El timonel del PS, Camilo Escalona, hizo su aporte en la reducción del impacto al declarar que la información acerca de tales grupos era una maniobra de la ultraderecha y la ultraizquierda para beneficiar sus respectivos propósitos políticos.
Señal de alerta
Fue el senador Roberto Muñoz Barra quien presionó el botón de alerta al poner a disposición del Ejecutivo su análisis de los hechos que se desarrollan en la zona, al igual que lo hizo durante el gobierno de Patricio Aylwin en 1994, demandando que el problema tenía que ser tomado muy en serio pues de lo contrario ofrecía el riesgo de escaparse de las manos de la autoridad.
'Luego de 8 años, es indiscutible que la política frente a los conflictos mapuches ha sido mirada como algo no trascendente', asevera, porque se le caracteriza como la expresión radicalizada de un pequeño grupo liderado por gente joven, dentro de las 2.800 comunidades existentes, por lo que habría que ver lo que pasa. Ahora, en 2002, si bien no se ha radicalizado masivamente, se estableció 'una logística inteligente e interesante, de parte de los sectores más jóvenes', señala, lo que estaría llevando a cierta desesperación de algunos sectores afectados por la actuación de las comunidades, como son los medianos agricultores, además de las forestales.
Esa logística está llevando cierta desesperación a sectores que se ven afectados, que ya no son sólo las forestales, sino también medianos agricultores de la zona. 'Lo que sostuve ante el ministro del Interior es que no resulta descabellado pensar que una zona donde han existido movimientos radicalizados de derecha, como la Brigada Rolando Matus, o importantes personajes de Patria y Libertad, presenta posibilidades de que se puedan organizar algunos grupos que pretendan responder con fuerza, dado que ya hay un anuncio oficial, como es el que se habría creado la brigada Hernán Trizano, lo que habrá que comprobar o se verá por medio de algún acto de su autoría que reivindicarán, según dijeron' indicó.
Un año atrás, informó al ministerio del Interior acerca de que algunos agricultores le manifestaron su impaciencia y disposición a concurrir como grupos agrícolas a prestar ayuda en caso de que un campo fuera tomado por grupos mapuches. Pero el tema 'ha sido manejado en tierra de muchos y por tanto en tierra de nadie', afirma, por cuanto MIDEPLAN o la CONADI no tienen los recursos ni los medios para abordarlo eficientemente.
Frente a los acontecimientos, considera que no se puede juzgar con ligereza el posible surgimiento de grupos armados antimapuches y calificar el anuncio como lo hiciera Camilo Escalona, de maniobra ultraizquierdista y ultraderechista, porque hay una radicalización efectiva del proceso y de lo que llama 'movimiento mapuchista', que escapa a los movimientos políticos, liderado por jóvenes con educación y experiencia en la metrópoli; y quien sostenga lo contrario 'demuestra no conocer el tema en su justo escenario' y comete un grave error, precisó.
Por su parte, los agricultores esgrimen títulos de propiedad obtenidos en compras legales, que lamentablemente fueron precedidas de numerosas transacciones fraudulentas, lo que según el senador choca contra el planteamiento principal de las comunidades 'que es la restitución de lo que ellos llaman tierras usurpadas'.
-Dentro de los antecedentes que Ud. aportó al gobierno, ¿se encuentra algo similar a lo denunciado por las comunidades de Collipulli en 1999, respecto a la existencia de un comando armado compuesto por empresarios agrícolas qué habría ejercido acciones contra ellas?
'En esa época, diría que más que un comando eran grupos de personas que se sentían afectadas. Pero ahora hay un mensaje que habla de una brigada. Y en 1999, salvo el tiroteo contra un helicóptero de una forestal que bajó a sacar agua en un fundo para apagar ciertos incendios, que se ventiló en los Tribunales de Justicia, no estuvieron involucrados mapuches y si lo estuvieron agricultores muy importantes de la zona. Pero la investigación judicial, finalmente, quedó en nada. Desearía que estos anuncios no cristalicen, para lo cual el gobierno tiene que actuar rápidamente y convencer a los sectores juveniles más radicalizados de estos grupos indígenas, porque no convendría esperar que se cumpliera la frase de que 'no hay muertos'. Prefiero que actuemos antes y no después que haya muertos'.
Los intentos por aplastar el movimiento mapuche
La amenaza de la aplicación de la ley antiterrorista al conflicto mapuche, que pendía en cada declaración oficial y en las súplicas persistente del empresariado y la derecha económica, finalmente será cumplida, aplicándose a los que resulten responsables de la quema de los camiones en el Alto Bío Bío. Es así como el presidente 'socialista' utiliza los métodos heredados de la dictadura que tanto criticó, sobre un pueblo que peca de haber dejado de creerle. Los tiempos cambian, es cierto, y hoy podemos ver de todo en este reino.
La presiones de la derecha
La aplicación de estas leyes no es casual, y el aumento de la represión a las comunidades mapuches es una exigencia hábilmente planificada por la derecha. Solo basta leer la prensa -y en especial El Mercurio las últimas tres semanas- para notar las presiones, incluida una inserción a dos páginas en El Mercurio [cuyo costo supera los 11 millones de pesos], de gremios empresariales de la producción y el comercio de la IX Región, enumerando las denuncias en carabineros de los conflictos protagonizados por mapuches en la zona.
La argumentación de la derecha es clara y apunta en dos sentidos: apaciguar los ánimos mediante la represión y modificar la ley indígena con el objetivo de liberar los territorios mapuches de trabas que impidan su transacción.
Para la derecha, y lo repite majaderamente, cualquier acto 'delictual', tiene que ser sancionado haciendo respetar el 'estado de derecho', reclamando en los Tribunales de Justicia la aplicación de la ley. Argumento que no toma en cuenta que a través de la historia se ha ido institucionalizando el despojo de los pueblos originarios a través de ese mismo 'Estado de derecho', conformado por una legislación viciada que ha condenado a los mapuches a la pobreza más absoluta. Sin ir más lejos, Ralco es un ejemplo contundente de que incluso el respeto de ese mismo 'Estado de derecho' es relativo [dependiendo de a quién afecte]; no trepidando en pasar por encima de una ley creada por la propia Concertación para proteger, en cierta medida, a nuestras etnias originarias, en beneficio de la empresa privada.
El otro aspecto del mensaje de la clase empresarial, que pudiera parecer bien intencionado, es instar a la modificación de la Ley Indígena, argumentando que la actual legislación trata a los indígenas como menores de edad, impidiéndoles vender y gravar sus tierras y no pudiendo optar a créditos en la banca privada. Estas declaraciones no tienen nada de inocentes y ocultan, por un lado, una total ignorancia de la cultura indígena y, por el otro, la voracidad que los consume, tratando de apoderarse mediante este mecanismo del poco territorio que en manos indígenas va quedando.
La medidas del gobierno
El gobierno de Lagos, aunque diga lo contrario, es permeable a las exigencias de la derecha, aunque tampoco se puede decir que esté actuando en forma obligada. Simplemente, es parte de su política hacia el conflicto mapuche, la que descansa sobre dos pies: entregar concesiones a las comunidades -pocas, y más tendientes a comprar lealtades y dividir el movimiento que a dar reales soluciones al problema- y reprimir cuando lo primero no da resultados. Es así como a los que luchan por sus derechos se los tilda de violentistas y de ser una infima minoría con respecto a la totalidad del pueblo mapuche, queriendo dar la impresión de que la mayoría de los mapuches apoyan las políticas del gobierno.
Eso que no puede estar más alejado de la realidad, si se tiene en cuenta que en la última elección de consejeros de la CONADI apenas votaron 5.700 indígenas de las diversas etnias del país, y hay más de un millón y medio sólo de mapuches. Compáresele, también, con el socorrido discurso oficial de que no son más de 50 las comunidades en conflicto en un universo de 3.000. Y hay que tener en cuenta, y lo saben los mapuches en el sur -incluso, los que no se han movilizado todavía-, que las concesiones que han recibido son precisamente debido a la lucha que están dando esas comunidades y no por las gestiones que se estén realizando en las oficinas de la CONADI.
En todo caso, la corporación indígena ha sido funcional a la línea del gobierno, sin un peso específico en la toma de decisiones fundamentales -pero con todos los vicios de otras dependencias del Estado, léase cuoteos políticos, pago de favores etc. Sí ha servido, en un principio, para dar una imagen de real preocupación frente al tema y para financiar algunos sectores indígenas, coptando su voluntad. He ahí el tibio apoyo que ha recibido el emblemático conflicto de Ralco por parte de consejeros y organizaciones ligadas a la Corporación Nacional Indígena.
Los anuncios de Lagos
En este marco, las últimas medidas anunciadas por el Presidente Lagos no tienen nada de nuevo. La destinación de recursos frescos, 130 millones de dólares, obtenidos en su mayoría de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo [US$80 millones BID, US$50 millones el Estado], fue negociado en marzo del año pasado; y aunque los fondos se pretende inyectarlos en las 44 comunas más pobres y con mayor presencia étnica del país, sería ingenuo suponer que llegarán en su totalidad a manos de las comunidades indígenas y no se pierdan por los pasillos y cajones de funcionarios hábiles, de esos que tanto abundan en la Concertación.
Mientras, el reemplazo en la CONADI de la insípida administración de Edgardo Lienlaf [aunque se fue denunciando irregularidades en la venta de predios, un punto para él] por el abogado de apellido mapuche Haroldo Cayún, promete más de lo mismo. Incluso, una fuente que lo conoció en su juventud en su paso por Ad Mapu, muestra el perfil del nuevo director diciendo 'pese a ser abogado -y haber usado su apellido para estudiar vía beca indígena -nunca ha patrocinado la defensa de ninguna causa mapuche por más justa que ésta sea, como sí lo hacen muchos abogados que no son mapuches'.
Ahora, la Concertación, con los socialistas a la cabeza, intenta terminan el trabajo sucio que no alcanzó [o no se atrevió] a concluir la dictadura militar, que es aplastar el movimiento mapuche. El triste papel que han jugado los socialistas en este conflicto quedará en la historia de despojos a este pueblo. Presente está la gestión de Rodrigo González, aprobando sin arrugarse las permutas que permiten a Endesa inundar territorios catalogados como zona de protección indígena, solicitudes de permutas que por lo demás estaban plagadas de irregularidades.
Ahora la llegada de Jaime Andrade -ex dirigente de la FECH en los 80 y que otrora fungía de almeydista 'duro'- como Coordinador de Políticas y Programas Indígenas, promete continuar abiertamente con la operación de inteligencia que viene realizando desde fines del año pasado bajo las órdenes del ministro del Interior José Miguel Insulza dentro de las comunidades, tendientes como siempre, a dividir y quebrar sus organizaciones y cuando esto no funcione, reprimir. O todo al mismo tiempo, como lo hizo Germán Quintana en su momento como ministro de Mideplan. source: http://www.diarioelgong.cl/
| Resumen del 1973 Patria y libertad La muerte llega a los extremos |
Mientras la opinión pública sufre este nuevo impacto de
la muerte de Mario Aguilar -antes fueron dos militantes democratacristianos,
asesinados en La Reina, y luego la muerte del obrero comunista en la Alameda-,
desde Mendoza comenzaron a llegar los antecedentes de la aventura del
segundo jefe de Patria y Libertad.
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A las cuatro de la tarde del viernes 4, en la sede del Movimiento Nacionalista Patria y Libertad, se recibió un nervioso llamado telefónico de larga distancia. Un periodista del diario Los Andes, de Mendoza, comunicaba que en las últimas horas del jueves había aterrizado en una hacienda cercana a esa localidad argentina, un avión Pipper, cuya matrícula correspondía a la del desaparecido aparato en que volaba Walter Roberto Thieme, cuando presuntamente había caído al mar en los alrededores de Concepción. En aquella oportunidad, hace casi dos meses, Thieme iba en misión oficial del Movimiento hacia la zona sur del país. Sus "últimas palabras", según la torre de control aéreo local, había sido: "La cabina está llena de humo..."
Desde la hora del aviso telefónico desde Mendoza, los acontecimientos se fueron desencadenando con rapidez en la sede de Patria y Libertad. Obedeciendo a una estrategia, grupos de jóvenes militantes -armados únicamente, y no todos, con varas de coligues- salieron a las calles céntricas a gritar consignas a favor del movimiento nacionalista. Esto ocurría, en forma más intensa, en el estrecho cuadro de las calles Ahumada, Estado, Agustinas, Huérfanos y Bandera. Simultáneamente, la "lucha por las calles" mostraba en acción a grupos miristas y de otras fuerzas de la UP, especialmente jóvenes y brigadistas del PS. Algunas radioemisoras de la línea oficialista, a la misma hora (las 18.30) lanzaban advertencias de que los grupos fascistas encontrarían seria resistencia en "las patrullas de la UP que recorrían también el centro de la ciudad".
Estaba montado el escenario para un nuevo drama que significaría la muerte para un ciudadano, mientras que otros cuatro recibían heridas a bala de diversa gravedad. Todo esto ocurría en momentos en que la Justicia continuaba investigando la muerte del obrero de la construcción Ricardo Ahumada Vásquez, muerto en circunstancias que un grupo de trabajadores de la UP atacaban la sede central del PDC.
A las 18.55 horas del viernes estalló nuevamente la violencia en la capital. Mario Aguilar resultó muerto y Ernesto Miller recibió siete impactos de bala en el cuerpo, logrando, sin embargo, recuperarse en los días siguientes. Ambos militantes de Patria y Libertad. Otras tres personas resultaron también heridas en la acción.
Los incidentes provocaron un nuevo clima de tensiones y rumores. El Gobierno reaccionó a través del Subsecretario del Interior, Daniel Vergara (PC), quien -a juicio de la oposición- ya ha logrado un verdadero estilo en materia de comunicados. En sus declaraciones, Vergara se refirió a la muerte de una persona que identificó como "N.N.", pese a que la identificación de la víctima ya era conocida por todo el país. Luego justificó los hechos refiriéndose a un "enfrentamiento entre miembros del Movimiento Patria y Libertad y un grupo de oponentes no identificados". De inmediato, y amparándose en el parte oficial de Carabineros, rechazó la intervención de militantes de la UP en el baleo.
Luego vino una segunda reacción del Gobierno decretando la zona de emergencia para la provincia de Santiago, designándose al General de Brigada, Mario Sepúlveda -ex jefe de la Inteligencia Militar-, al mando de las fuerzas. Esta medida provocó que fuera negada la autorización pedida por cuatro alcaldes (La Reina, Ñuñoa, Providencia y Las Condes) para realizar una concentración y marcha de protesta de los vecinos contra las JAP. Posteriormente, la Intendencia de Santiago solicitó un Ministro en Visita a la Corte de Apelaciones para que se aboque a la investigación de los hechos.
Simultáneamente comenzaron las repercusiones políticas. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria sacó, al día siguiente, una declaración pública, en la cual niega responsabilidad en la muerte del ex carabinero y militante de Patria y Libertad, Mario Aguilar. La nota agrega que el MIR, como pocas organizaciones políticas lo hacen, jamás ha ocultado sus actuaciones. En esta línea el MIR tiene como aval el hecho que en su etapa de clandestinidad se dedicó a asaltar supermercados y bancos, pero no asesinó a nadie.
Para Patria y Libertad, según expresiones del líder Pablo Rodríguez, se trata de una acción concertada y bien planificada. Acusó que en los días previos -fines de abril- en el diario Las Noticias de Ultima Hora se publicó "un retrato hablado" de los máximos dirigentes del Movimiento. En esa nómina figuraba el propio Rodríguez, el aparecido Thieme, el periodista Manuel Fuentes, Ernesto Miller, y otros. La misma publicación se repitió en la edición del domingo pasado, en el diario Puro Chile. Esta es la base de los argumentos de Pablo Rodríguez. Pero en este sentido surge, además, la preocupación de otras fuerzas de oposición. La propia DC ha venido denunciando -sin que el Gobierno tome decisiones- que el mismo diario Ultima Hora (parte de cuya propiedad corresponde a los Ministros José Thoá, Defensa, y Luis Matte, Vivienda, y al actual dirigente del PS, Clodomiro Almeyda) inició hace un mes una campaña permanente de ataques contra la persona del ex Presidente Eduardo Frei. En repetidas declaraciones, la DC advierte que se trata de crear un clima de violencia contra Frei y responsabiliza al Gobierno por las consecuencias.
Mientras la opinión pública sufre este nuevo impacto de la muerte de Mario Aguilar -antes fueron dos militantes democratacristianos, asesinados en La Reina, y luego la muerte del obrero comunista en la Alameda-, desde Mendoza comenzaron a llegar los antecedentes de la aventura del segundo jefe de Patria y Libertad.
Los primeros informes, junto con precisar en carácter de extraoficial que ya estarían identificados Roberto Thime y Miguel Juan Sessa, anuncian que en el avión fueron encontrados "documentos bastante comprometedores". Hasta el momento de cerrar esta información la policía argentina no había entregado los antecedentes sobre el misterioso aterrizaje del aparato chileno, informándose que los datos se trataban a nivel de Cancillerías. Sí estaba claro que los dos ocupantes iban a solicitar asilo político en ese país. Una difícil situación internacional, cuyos orígenes se remontan a las decisiones del Gobierno chileno de permitir el paso por el país a un grupo extremista trasandino que escapó de la cárcel de Trellew, hace pocos meses, pese a la molestia oficial del Gobierno del General Lanusse. Es probable, según fuentes no oficiales, que "amor con amor se paga".
Emboscada en el boulevard
La tradicional calle Huérfanos desmintió el viernes pasado su condición de pacífico boulevard, cuando un baleo fulminante, dirigido contra integrantes del Movimiento Patria y Libertad, arrojó también por los suelos a los muchos santiaguinos despavoridos que a esa hora transitaban por el centro.
Ese mismo día, en la mañana, se celebró en el centro de la manifestación de los periodistas democráticos, que dejó como saldo varios grupos de manifestantes, que recorrían las calles voceando sus consignas.
Y luego, a las seis cincuenta y cinco de la tarde, lo inesperado. En el tramo de la calle Huérfanos, entre Ahumada y Bandera, había unos treinta manifestantes de Patria y Libertad y muchos otros transeúntes, cuando se inició un baleo sobre cuyos orígenes discrepan aún los testigos presenciales.
Según algunos, un vehículo (¿camioneta Volvo o Peugeot?) que enfiló por Huérfanos, cerró el paso a los peatones y sus ocupantes comenzaron a disparar. Según otros, no hubo tal automóvil. En espacio de breves segundos se produjo una violenta riña de palabras, que desembocó en balacera. El blanco favorito de los tiros fue Ernesto Miller, 24, presidente de la Juventud de Patria y Libertad, agricultor, que hace tres meses llegó de Venezuela, donde reside su familia. Miller, hermanastro de Roberto Thieme (ver información aparte), de casi dos metros de altura, rubio, fornido, quedó tendido en medio de un charco de sangre, con siete balas incrustadas.
Mario Aguilar, 22, jefe de la Sección Comunal de Patria y Libertad, soltero (su familia reside en Chiloé), persiguió al autor de los disparos hacia el interior del edificio que antiguamente fue el Hotel Carlos V. Allí el hombre se dio vuelta y le disparó a boca de jarro. Aguilar murió en los diez minutos siguientes. Miller, en cambio, fue llevado a la Clínica Santa María, operado de urgencia esa misma noche, y el lunes se reponía en forma satisfactoria. Las balas alcanzaron a otras tres personas que en declaraciones posteriores dijeron no pertenecer a Patria y Libertad.
El ambiente en la Clínica Santa María, la noche en que llego Miller, era extraordinariamente agitado. Los militantes pedían venganza inmediata. ¿Contra quién? En declaraciones informales unos culparon al MIR; otros a brigadas socialistas, que también marchaban ese día por el centro. La versión oficial de Patria y Libertad -que dio a ERCILLA el militante periodista Celso Ferrada (Radio Agricultura), no se refiere a grupos específicos.
-Fueron marxistas estrechamente vinculados al gobierno -dijo Ferrada-; para nosotros son todos iguales.
Pablo Rodríguez, dirigente máximo del movimiento, disuadió a sus huestes de buscar aquella noche la venganza callejera. "Es lo que ellos quieren -dijo-; meternos en una asonada para poder liquidarnos definitivamente".
Según la declaración del Frente Nacionalista, no puede hablarse -como lo hizo la prensa oficialista- de un encuentro que degeneró en balacera. Fue una encerrona premeditada, con un blanco previamente escogido: Ernesto Miller, que se llevó la mayor parte de las balas. La tesis fue subrayada por el propio Pablo Rodríguez.
Patria y Libertad piensa pedir que la investigación se haga bajo Fiscalía Militar por tenencia ilícita de armas y que la pesquisa se oriente también hacia Investigaciones. Desean aclarar la identidad de los personajes que registraron a Aguilar, moribundo en el edificio, y dijeron ser detectives. Mientras ellos practicaban el registro, el autor de los disparos huyó por los techos.
El día domingo por la tarde, Santiago, tenso y en estado de emergencia, contempló el entierro de Mario Aguilar. Durante esa mañana muchachos y niñas de casco verde, uniforme, insignia y cinta de duelo habían velado sus restos en el local de calle Rafael Cañas. Mientras esta juventud, tensa, disciplinada y hermética, se cuadraba con su signo característico frente al "compatriota" muerto, la hermana de Aguilar, Ema, su único pariente en Santiago, lloraba desgarradoramente abrazada al ataúd.
Ercilla, 22 al 28 de agosto de 1973
Los caminos del extremismo
Santiago pudo quedar sin energía eléctrica durante un mes. Fue la alarmante conclusión a que llegaron los técnicos de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) después de examinar los efectos del atentado del lunes 13. A l as 22.14 de ese día, una torre desplomada y otra con las patas destruidas dejaron sin luz -por lapsos variables hasta por una hora- a cinco provincias del país, afectando a otras ocho.
¿Perseguían los autores un apagón de mayor duración? La respuesta de la Policía Técnica de Investigaciones es que varios cartuchos de dinamita quedaron sin estallar, y que la operación reveló a terroristas de alta preparación y pericia. Si hubiesen elegido algunas de las instalaciones cercanas (como las de San Cristóbal y Cerro Blanco) la emergencia habríase tornado en catástrofe. Tal vez les bastó, por ahora, lo conseguido esa noche. El apagón se produjo justo cuando hablaba al país el Presidente de la República y la incertidumbre fue total durante largos minutos. Tanta, que una radio de izquierda alertó sobre una posible asonada.
El episodio vino a ser la culminación de la ola terrorista que conmueve al país desde hace exactamente un mes. Balance oficial hasta el comienzo de esta semana: 350 atentados, siete muertos, alrededor de 40 heridos.
La magnitud del daño real, sin embargo, es sólo un aspecto del fenómeno. Más inquietante resulta el hecho de que toda la infraestructura del país (servicios vitales, puentes, vías férreas, vehículos de transporte) está a merced de minúsculos grupos terroristas, que pueden producir incalculables daños a la economía nacional.
El fenómeno era inédito en el país hasta la elección presidencial de 1970. Pocos días antes del triunfo de Salvador Allende, pero principalmente en las semanas siguientes, el terrorismo sacó carta de nacionalidad chilena. Mientras en países vecinos como Uruguay y Argentina y en aquellos lejanos del Medio Oriente la violencia extremista crecía en intensidad, en Chile la guerrilla urbana adquiría incruento desarrollo. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) realizaba sus "expropiaciones" bancarias con métodos que la policía civil calificaba de "limpios": "No exageran la violencia contra las personas".
Operación terrorista
Pero después irrumpieron los vopistas, ensangrentando los asaltos a bancos e inaugurado -con los asesinatos de carabineros- el atentado personal. La filiación política de los terroristas no fue clara al principio. La extrema derecha se aprovechó de esta circunstancia e inició sus operaciones (como el atentado al aeropuerto de Pudahuel) bajo el disfraz de Brigada Obrero Campesina (BOC). La estratagema fue descubierta a raíz de la operación Schneider, en tanto que los vopistas sucumbían después de ametrallar a Pérez Zujovic.
Hoy, el terrorismo se da en medio de confusiones acerca de la identidad política de sus responsables. El asesinato del comandante Araya y la voladura del oleoducto de Curicó (dos muertos y catorce heridos) condujeron a la encargatoria de reo de un obrero electricista de Corfo, tildado de simpatizante UP, y de un campesino de ultraizquierda, conocido como el "comandante Sabino".
Quienes aparecían públicamente propiciando este tipo de lucha se ubicaban no obstante, en el otro extremo. La organización "Patria y Libertad", junto con entrar a la clandestinidad, anunciaba su propósito de "no descansar hasta derrocar al gobierno marxista". Y escasas horas antes del ataque contra las torres 241 y 242 de Endesa, emitía un comunicado de guerra: "El nuevo Gabinete de Allende no ha sido la solución... Por tanto, la tregua ha concluido. Iniciaremos nuevamente las acciones en contra de los enemigos de Chile".
Mientras en Valparaíso eran encargados reos los integrantes de un comando de "Patria y Libertad" (confeso, entre otros, del atentado contra la casa del almirante Ismael Huerta), en el centro de Santiago se esparcían proclamas de ese movimiento llamando a ""hacer justicia castigando directamente a los violentistas de izquierda, y a sabotear las fuentes de trabajo estatales".
Llamó también la atención un comunicado del MIR denunciando "una gran operación terrorista para los próximos días, que se pretenderá atribuirnos". ¿Cómo pudo anticiparse el partido de Miguel Enríquez a los pasos de sus enemigos, que en este caso eran "algunos altos oficiales reaccionarios de la FF.AA., coordinados con grupos de derecha"? Esto fue calificado de "sospechoso" por voceros opositores.
-Tenemos un aparato de información bastante efectivo -respondió a ERCILLA el dirigente del Regional Santiago, José Carrasco-. Gracias a él pudimos denunciar que algo se tramaba el día que mataron a Schneider. ¿Nuestra posición frente al terrorismo como táctica? No la descartamos como una forma de lucha, pero creemos que hoy no se justifica en Chile.
Ante el recrudecimiento de la violencia (fue asesinado un dirigente de los camioneros que no están en paro, y herido el chofer de la camioneta de prensa de Radio Portales) el Gobierno se dio a la tarea de enfrentarla. "Como carecíamos de una estructura institucional adecuada" -explicó a ERCILLA el Ministro del Interior, Orlando Letelier- "resolvimos actuar a través del Comando Operativo Central, que coordina a varios Ministerios y a la Central Unica de Trabajadores". ¿Por qué esta última? "Porque los trabajadores, vigilando en grupos numerosos, pueden -por pura presencia- desbaratar el sabotaje", respondió el presidente de la CUT, Luis Figueroa.
Otra reacción fue el inmediato envío al Congreso de un proyecto de ley que amplía la letra c) del Artículo Sexto de la Ley de Seguridad del Estado. Se introducen formas de sabotaje no previstas en la legislación actual y se aumenta el castigo. El Gobierno espera que con una pena máxima de diez años -en vez de los tres actuales- el poder disuasivo de la ley sea mayor.
Ercilla, 22 al 28 de agosto de 1973
Transportistas: El paro de agosto
El nuevo paro de los transportistas sorprendió otra vez al Gobierno. Las autoridades sostienen que, en cambio, los dirigentes de la Confederación de Transporte Terrestre tenían todo dispuesto para detener las actividades. Lo demostraría -acusan- la organización de cada uno de los parques que taxistas, microbuseros, taxibuseros y camioneros poseen en distintos puntos del país. A ello, los representantes del último gremio replican que "no estamos en presencia de un paro ni de una huelga, sino tan sólo de la legítima suspensión de actividades acordada por particulares dueños de un camión, quienes al no recibir de parte del Gobierno los elementos mínimos para ejecutar el servicio del transporte de carga, han acordado libremente suspender en forma indefinida sus labores habituales, hasta que no se les cumpla lo acordado".
Esa es la diferencia sutil que convierte el movimiento -"sedicioso" según el Presidente Allende- en una medida gremial, según la Confederación de Transporte Terrestre.
Para la Confederación Nacional de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile, presidida por León Vilarín, el fenómeno queda demostrado por la falta de planificación de cómo debe operar cada sindicato y cada dueño de vehículo. A juicio de Juan Jara, responsable de la Confederación de Transporte Terrestre, dos meses antes del paro los cuatro gremios que lo integran avisaron al Gobierno las repercusiones que tendría la falta de interés en solucionarles los numerosos problemas. Desde entonces hubo una organización espontánea.
Sistema
-No existió nada preparado por la directiva antes de la orden de paro -dijo Jara a ERCILLA-. Cada dueño de camión y sindicato buscó la mejor forma para proteger sus vehículos. Unos prefirieron juntarlos en parques especiales. Otros, que son la mayoría, quisieron ocultarlos individualmente.
Semana perdida
Aquellos que se inclinaron por la protección mutua, buscaron con anterioridad al movimiento, y cuando éste parecía inminente, lugares apropiados. Hablaron con los dueños de predios para lograr aquellos que les permitieran dominar la totalidad de las máquinas. Para todos, el objetivo primordial es prevenir el ataque de los extremistas, cuya reacción es esperada. Se levantaron campamentos de vigilancia en el centro de cada parque. En los lados más visibles de éste y en las salidas, se ubicaron de preferencia los camiones más pesados o inservibles, que obstruyeran el paso. Particularmente, los dueños desprendieron piezas importantes (especialmente los cardanes) para que no funcionaran.
Francisco Arteaga, presidente del Sindicato de Papelera Laja, y además actual cabeza visible de los camioneros (Vilarín tiene orden de aprehensión y no puede acudir a su sindicato) sostiene que sus asociados no tienen inconvenientes en permitir la incautación de sus vehículos en el sector en que se encuentran detenidos. Pero no que se los lleven de allí: "es ilegal". La medida entregada a los militares por medio del decreto gubernamental del 14 de agosto (que nombró interventores uniformados en todo el país) no es rechazada porque sirve para proteger las máquinas ante cualquier ataque extremista. Sin embargo, combatirán a toda costa la requisición que saben que es el paso siguiente al inventario de los vehículos y al acordonamiento del sector. Están notificados de que la requisición vendrá después de que se apersonen inspectores de Dirinco a levantar el acta respectiva. En seguida, los vehículos deberán entregarse a las industrias del área social. Contra ello, los camioneros se oponen aún a costa de enfrentar a los efectivos militares: situación que estuvo a punto de explotar, el jueves 16, en los campamentos de Puente Alto y El Monte.
Durante los últimos días de la semana pasada, el país temía que se llegara a esta situación de imprevisibles consecuencias. Ella no se cumplió porque hacerlo habría sido aumentar el estado de tensión que se sumó después de la renuncia del Ministro de Obras Públicas y Comandante en Jefe de la Fach, general César Ruiz (ver información aparte). También porque alejarían irremediablemente todos los acercamientos logrados por él hasta ahora.
-El general es un caballero en toda la extensión de la palabra -sostuvo Jara a ERCILLA antes de que se confirmara la renuncia indeclinable de César Ruiz-. A pesar de nuestra dureza, nunca nos echó las jinetas encima. En las diferentes reuniones lo notamos extraordinariamente preocupado por el perjuicio del país del que también estamos conscientes. Sin embargo, descubrimos que no poseía todas las atribuciones necesarias para solucionar el conflicto. Cuando le proponíamos algo debía ir a La Moneda a consultar al Comando Operativo de Ministros.
Jara señaló que se perdió una semana de inútiles conversaciones, cuando el conflicto podría haber quedado superado en 48 horas. Mientras, la inactividad provocó perjuicios que la Oficina de Planificación Nacional avaluó en sesenta millones de dólares. Según Odeplan, quedaron sin distribuir dos millones de kilos de leche en polvo, que beneficiarían a tres millones y medio de personas. Cada día aumentan las fábricas paralizadas por falta de abastecimiento de materias primas.
Las promesas
El gremio del rodado -que refundió sus exigencias en catorce puntos después de un congreso efectuado el 22 de julio- desea que se le cumplan con rapidez todas las promesas del Ejecutivo ofrecidas durante la vigencia del paro de octubre y aun antes. Todos los gremios poseen el mismo problema (falta de repuestos y de máquinas), pero es la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones la que se siente más perjudicada por lo que estima incumplimientos:
•Puede demostrar que a la fecha no se le ha entregado ningún camión, aunque el Gobierno asegura que se les destinaron 467 de la marca Fiat. Si algunos asociados los han conseguido se debe a que los compraron en el mercado negro, encauzado (en la mayoría de las veces) en las mismas agencias en que el Gobierno entregó los camiones.
•De acuerdo al convenio del 23 de mayo de 1972 (firmado por el entonces Ministro de Economía, Fernando Flores y León Vilarín) las tarifas debieron ser reajustadas cada noventa días, siempre que se acreditara por parte de los camioneros la variación de los costos. A pesar de los estudios del caso, desde enero de este año no existe aumento de tarifas.
•Ese 23 de mayo se aceptó la designación de representantes del gremio con pleno derecho en la Empresa Nacional de Repuestos, Comisión Automotriz e Industria Nacional de Neumáticos. Hasta la fecha no existe ningún representante oficial de los camioneros en esas empresas.
•Tampoco hubo las suficientes entregas de neumáticos (un camión necesita recambiar una y media vez durante un año), por lo que los propietarios deben acudir al mercado negro. Lo mismo sucede con el rubro repuestos, a pesar de que el Gobierno asegura haber importado cuatro millones de dólares.
•El cinco de noviembre, en la declaración unilateral del Gobierno dando cuenta del término del conflicto de octubre, el entonces Ministro del Interior, Carlos Prats, prometió enviar prontamente al Congreso un proyecto de ley que garantizara la actividad del transporte. Todavía no se cumple.
Después de 28 días de suspensión de actividades, el ex Ministro de Obras Públicas, General Ruiz, estaba de acuerdo en que debía otorgárseles a los camioneros lo prometido. Propuso para el efecto que los gremios volvieran al trabajo y que inmediatamente él estudiaría los casos. Juan Jara le manifestó que la experiencia acumulada indicaba que no convenía regresar antes de que el Gobierno cumpliera. "Nosotros creemos en su palabra -le dijeron a Ruiz-, ¿pero qué pasaría si a usted lo cambiaran?".
-En ese caso -dijo el General- no podría responder.
Entonces "para que se notara la buena disposición de la Confederación del rodado", Jara propuso su fórmula, basada en el anterior ofrecimiento del Gobierno: dos mil trescientos camiones Fiat y 400 Pegaso (que ellos no han recibido). Que se recolecten mil seiscientos de aquellos que el Gobierno entregó a las empresas del área social. Los diferentes gremios los aceptarían aunque tuvieran miles de kilómetros de uso. Los vehículos no serían sacados de las empresas, sino que entrarían a funcionar allí mismo, manejados por los camioneros particulares. No alcanzó a haber contraposición de parte de las autoridades del Ejecutivo.
A principios de semana volvía a sus labores -aunque con flojera- la locomoción colectiva. La renuncia del Subsecretario de Transportes, Jaime Faivovich, y un acta en que se estipulan indemnizaciones por atentados fueron suficientes para que acordaran transportar a los pasajeros que esperaban con impaciencia en las esquinas.
Sin embargo, la solución para los camioneros se dilataba peligrosamente. Poco a poco, diferentes gremios comenzaron a testimoniar su solidaridad y a detener sus actividades. La Confederación de Comercio Detallista estudia la posibilidad de un nuevo paro, como el de octubre. A contar del lunes los médicos efectuaron una huelga de protesta y la Confederación de Profesionales de Chile llamó a sus bases para un paro a contar del martes, prorrogable.
A pesar de los mismos ingredientes que se experimentaron en octubre del año pasado, Juan Jara rechaza terminantemente el parecido con este paro de agosto.
-Para nosotros éste es el problema exclusivo de la Confederación y agotaremos todos los medios para tener éxito.
Por eso eran seguidas con expectación las entrevistas efectuadas entre Juan Jara y el nuevo interventor general del rodado, el General de Ejército Herman Brady, asesorado por el anterior Subsecretario de Transportes, Hernán Morales, y el ex Ministro de Obras Públicas Humberto Martones. Morales, a quien el Gobierno ya le pidió la renuncia en una oportunidad reciente -por presión del PC- era a comienzos de semana, el más probable reemplazante de Jaime Faivovich en la Subsecretaría de Transporte.
http://www.siglo20.cl/1970-79/1973/rep4c.htm