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30 de enero 2012
Violencia persistente contra las movilizaciones mapuches. ¿Quiénes la desatan?
Por Arauco Chihuailaf

El año 2011 concluyó sin que la criminalización de las demandas mapuches conociera tregua: allanamientos, detenciones, dirigentes encarcelados. Organismos de derechos humanos, intelectuales, sectores de la sociedad civil, e incluso parlamentarios europeos (septiembre 2010), han solicitado reiterada e infructuosamente, a los gobiernos sucesivos, el cese de la violencia policial.

Esa persistente política represiva no tiene casi parangón en cuanto a su amplitud y duración. Conoció niveles extremos con la dictadura militar (1973–1989) que golpeó también a los mapuches. La violencia represiva no discriminó entre militantes y los que no lo eran. Luego, la violencia pos dictatorial criminaliza la reivindicación de tierras ancestrales. Estas prácticas del poder político contradicen el funcionamiento democrático de una sociedad.

A simple vista la situación actual parece incomprensible: parcialidad de la justicia, aplicación insistente de la Ley Antiterrorista (herencia de la dictadura), un general de Carabineros de la Región de la Frontera, como algunos fiscales, acentúan la represión seguramente empujados por el menosprecio del mapuche y por la soberbia derivada de privilegios del poder. Pero esta realidad no resulta sorprendente si la consideramos retrospectivamente. En los tres primeros decenios del siglo veinte, por ejemplo, hubo una violencia exacerbada: casas incendiadas, asesinatos, usurpaciones de tierras. Por entonces, los tribunales de justicia no se caracterizaron por su diligencia, los sectores dirigentes y la prensa oficial no se inquietaron por transgresiones al Estado de derecho, tampoco se calificó de violentistas o se acusó de “ataques incendiarios” a los responsables de esa violencia; no se incurrió en estigmatizaciones como se hace con los mapuches, desde fines del siglo recién pasado, acusándoseles de crear un “clima de inseguridad”. Es esa violencia histórica la que se ha reeditado bajo nuevos ropajes desde el último tercio del siglo XX.

Se podría pensar, sin embargo, que el panorama del 2011 no fue tan desalentador pues se terminó con dos hechos que no carecen de significación: por un lado, rechazo a la utilización de gases lacrimógenos en los allanamientos de hogares mapuches y, por otro, la entrega de tierras en Traiguén, ante la presencia de un ministro de gobierno. En el primer caso se trata de una decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco que acogió un recurso de protección interpuesto por la comunidad Wente Winkul Mapu de Ercilla. Pero según el subsecretario del Ministerio del Interior, Carabineros apelaría a la decisión del tribunal de Temuco (La Tercera, 23.12.11). Ese positivo fallo de la Corte de Apelaciones no refleja las decisiones de justicia a nivel más amplio: dirigentes que siguen encarcelados, “prisión preventiva” para mapuches acusados de participar en “intentos incendiarios”, el uso de gases lacrimógenos que continúa como lo muestran los hechos recientes. ¿Y qué se hizo con el responsable de la muerte de Matías Catrileo (enero 2008)? Se le dejó en “libertad vigilada”. La familia del joven asesinado, presentó demanda contra “el Estado chileno” por esa decisión de la Corte Suprema. Mientras tanto, el aniversario de su muerte terminó, en Temuco, con la detención de su madre y de su hermana, entre otros. Y como si todo eso no bastara, el Ministerio del Interior invoca la Ley Antiterrorista contra mapuches supuestamente responsables de incendios forestales ocurridos en la primera semana de enero de este año y que costó la vida a siete personas.

En el cuadro de esa práctica política discriminatoria y violenta interviene la entrega de 2.554 hectáreas de tierra que estaban en manos de tres fundos. Tierras por las cuales los mapuches se movilizaban. La entrega es sin duda notable. Y que se le haya atribuido cierto simbolismo e incluso una cierta connotación histórica, podría ser comprensible. Pero esa relevancia se desvanece en el cuadro de una óptica histórica: se expropiaron, a favor de mapuches, poco más de 20.000 hectáreas durante el gobierno de E. Frei Montalva; 129.420 hectáreas bajo el gobierno de Salvador Allende y en el primer año de su mandato, como lo destacara Antonio Millape (entonces dirigente de la Confederación de Asociaciones Mapuches, 1971), se restituyeron 50.658 hectáreas que se habían usurpado a 125 comunidades.

Esas miles de hectáreas expropiadas fueron devueltas por la dictadura a sus precedentes detentores. Y en 1998, según el diario El Mercurio de Santiago, más de 60.000 hectáreas de tierras ancestrales reclamadas por mapuches estaban en manos de empresas forestales. Pero la historia no termina aquí. Ya sabemos que durante el régimen dictatorial se remataron, a bajo precio, tierras aptas para la explotación forestal que se adjudicaron esas empresas. Y como si fuera poco, obtuvieron bonificaciones y “exenciones de impuesto territorial” mediante decreto ley 701 sobre “Fomento forestal” (1974). Este hecho, revelaba ya la opción de sectores hegemónicos por los grupos forestales multinacionales y se instalaba una lógica discriminatoria y violenta que se prolonga hasta ahora.

Lo simbólico y lo relevante radica, sobre todo, en una suerte de ironía de la historia: quienes fueron condescendientes con la dictadura militar entregan hoy tierras que habían sido devueltas a los dueños de fundo. Esto lleva a pensar, por lo demás, en “la zanahoria y el látigo en la política contra el pueblo Mapuche” como muy pertinentemente lo señalara José Venturelli (El Clarín, 26 de diciembre 2011). Política que tiende al debilitamiento y anulación de las demandas de quienes aspiran a devenir sujetos políticos en la construcción del porvenir; política que, por otra parte, obstaculiza un desarrollo regional sustentado en el interés general y entraba la perspectiva de un proyecto colectivo.

De lo hasta aquí dicho se desprende una pregunta: ¿por qué esta persistente política represiva hacia los mapuches? Entre otras cosas, porque la represión y la estigmatización encubren la enajenación histórica de las tierras mapuches y el origen de las fortunas que se formaron en la llamada Araucanía; y, por otro lado, tiende a ocultar un proceso de reapropiación de tierras expropiadas a fines de los años 60 y comienzo de los 70. La violencia policial aparece como un recurso protector del modelo económico y a la vez como reflejo de un menosprecio social o, más claramente, de un racismo que consiste en desvalorizar al otro para luego presentarlo como una amenaza (“violentista”, “terrorista”) o como un estorbo para el desarrollo, más aún si protagonizan demandas y protestas que se inscriben en el terreno político y social. En todo caso, la sistemática represión policial restringe o anula el espacio de expresión política democrática de las organizaciones mapuches y, por otro lado, es la expresión de una política que provoca inseguridad en el país.

Contrariando los hechos, para el Estado neoliberal, cuya parcialidad está en evidencia, las movilizaciones mapuches constituyen un elemento perturbador del orden social requerido por los grandes grupos económicos que hegemonizan las acciones políticas de ese Estado. Sobre todo cuando se hizo de la exportación de la madera uno de los ejes de la economía. Se dejó, en cambio, en una inquietante inseguridad al entorno natural sin que los responsables de su deterioro sean molestados ni se insinúe para ellos la “prisión preventiva”. Inseguridad que alcanza igualmente a la mayoría de la población chilena que se confronta a una flagrante desigualdad social, a una falta de oportunidades en materia educacional como lo muestran las movilizaciones estudiantiles, a una inseguridad y precariedad en el trabajo como lo ejemplificó el caso de los 33 mineros atrapados a más de 700 metros de profundidad luego del derrumbe de la Mina San José (agosto 2010) en el norte del país.

¿Hasta cuándo la obstinada y prolongada violencia represiva desatada por las grandes grupos económicos a través del Estado? Seguir rechazándola es un desafío no sólo para las organizaciones mapuches y sus dirigentes, sino también para los sectores sociales que aspiran a una democracia que se traduzca: en mayor justicia social e igualdad de posibilidades, en un Estado que no sea el monopolio de poderosos grupos de presión, en un espacio político en donde el interés colectivo y la demanda de derechos, no sean algo inaudible para los gobernantes.

Enero 2012