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2003

25 de febrero 2003
La ausencia mapuche en "Chile : el país que viene".

por Arauco Chihuailaf

Un simposio en Boston congregó, a fines de febrero de este año (2002), a un grupo de profesionales chilenos para pensar en " Chile : el país que viene ". Al parecer, esa ciudad era un lugar propicio para reunirse, no sólo porque los organizadores eran el Rockefeller Center for Latin American Studies y el Center for International Development de la Universidad de Harvard, sino tal vez porque : " En Chile nos hablamos poco y nos escuchamos menos. Somos una sociedad invadida por estereotipos, prejuicios e intolerancias " (Juan Pablo Letelier, Rocinante, n° 42, 2002). En Boston, el abanico temático fue amplio, pero las ausencias también.

" Hablamos del país urbano, pero nada del rural, hablamos de la calidad en la ciudad, pero nada de las comunidades mapuches, hablamos de Santiago, pero nada de las regiones, hablamos del futuro, pero nada de la historia … " (Francisca Márquez, Chile : los países ausentes, Rocinante, n° 42).

¿Se puede pensar cabalmente en el país que viene haciendo abstracción de una parte de su realidad y de su historia ?
La consideración de la situación mapuche ha tenido, con frecuencia, el tinte de la óptica adoptada según los momentos : se ha hecho abstracción de ella en nombre de la " homegeneidad racial " de la nación, se han proyectado políticas de desarrollo en la perspectiva de una integración más o menos flexible o la asimilación pura y simple, un análisis clasista ha denotado su carácter subalterno, o arbitrariamente se ha planteado su desaparición legal como ocurrió con el Decreto-Ley 2568 (1978).

Hasta ahora no hemos carecido de diagnósticos y estadísticas acerca de la pobreza, pero no se ha hecho hincapié en los mecanismos económicos que la generan.
Hoy las organizaciones mapuches se movilizan por la recuperación de sus tierras ancestrales, reclaman el reconocimiento constitucional de su identidad, demandan autonomía, denuncian la discriminación económica y social. Tanto la diversidad cultural que se reivindica como la idea de autonomía controvierten la construcción de la nación imperante a lo largo del siglo XX y una concepción del desarrollo que se ha circunscrito esencialmente a parámetros económicos. Estas reivindicaciones se inscriben, particularmente desde los años 90, en un plano político y cultural de alcance nacional.

La visibilidad de una ausencia.

La realidad mapuche estuvo ausente en el simposio de Boston aunque en Chile hay signos bastante visibles de su candente presencia. El de mayor relevancia : las movilizaciones por recuperar tierras ancestrales. Esto ha provocado un conflicto entre empresas forestales y comunidades mapuches cuyo detonador público fueron los incidentes de Lumaco (quema de tres camiones) en 1997. Desde entonces el desasosiego de los empresarios forestales ha venido incrementándose. Reclaman al gobierno que se imponga el " estado de derecho " y por otro lado contratan, al margen de la ley, guardias privadas. Para ello recurrieron a OSEPAR (1), una empresa de seguridad creada por un ex-oficial que sirvió a la CNI (policía secreta de la dictadura). No conforme con eso, los más rabiosos anunciaron (anónimamente) la creación del grupo paramilitar " Hernán Trizano " (un capitán de la policía rural de Angol encargado de reprimir el banditismo y a los mapuches rebeldes en el siglo XIX) (2).

Recordemos que las empresas forestales asentaron su predominio económico en el sur durante los años de dictadura. Se adueñaron mediante

" papeles falseados de las tierras donde aún quedan las útimas araucarias de Chile. … El Estado ha sido cómplice en esta política de despojo, tratando permanentemente de levantar prohibiciones de explotación de la araucaria " (La Concertación de los Partidos por la Democracia a los pueblos indígenas, 1989).

Son tierras pehuenches. Además, mediante el Decreto-Ley 701 (heredado de la Dictadura) se ha entregado a esas empresas importantes subsidios:
" El Estado chileno, a través de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), aportó a las empresas forestales 110 millones de dólares entre 1976 y 1992. Sólo en la IX Región, en ese período, aportó 29 millones 586 mil dólares por concepto de bonificaciones a la forestación… " (3).
Y encima, las plantaciones forestales (D.L. 701) están exentas del impuesto territorial, de impuestos sobre herencias, asignaciones y donaciones y las utilidades obtenidas por la explotación del bosque están libres, en 50 %, del Impuesto Global Complementario (4). Dos grupos concentran el poder económico de las forestales : el grupo Matte y el grupo Angelini. Ambos poseen oficinas comerciales en el mundo : Europa, Estados Unidos, Asia.
Es interesante subrayar el papel de la prensa respecto del conflicto con las forestales. Al inicio de las movilizaciones mapuche por la tierra, la mayor parte de ella, con El Mercurio a la cabeza, se refirió a " infiltrados " extremistas que manipularían a los mapuches. No se trepidó, luego, en calificar a sus protagonistas de " violentistas ", incluso de " terroristas ", y se ofreció tribuna a un historiador (Premio Nacional de Historia) para que demostrara un supuesto infundamento histórico de tales reivindicaciones (El Mercurio, 2000 y Las Ultimas Noticias, 2002). Pero esto no sorprenderá si pensamos que dos grupos monopólicos controlan la mayor parte de la prensa.
La desazón de El Mercurio no encuentra tregua. Denuncia en 1999 las " usurpaciones de terreno " y la " tala de predios forestales " por parte de mapuches. Y se inquieta, desde luego, por la inseguridad : " El orden público, la seguridad ciudadana, el imperio del derecho y el respeto a las instituciones se deteriora día tras día … ". Y agita el fantasma de una posible guerrilla. Enrostra al gobierno, con todo desparpajo, el uso del dinero de los contribuyentes para la compra de tierras a particulares afin de entregarlas a mapuches que la reivindican. Advierte, al igual que la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), que la persistencia de la inseguridad ahuyentaría las inversiones de bancos y empresarios extranjeros :

" Ningún inversionista arriesgará recursos en la zona perjudicada hasta que se vuelva a respetar el Estado de Derecho y se alcance una pacificación que dé sentido al derecho de propiedad " (5).

Por su parte el presidente de la Corporación de la Madera (CORMA) subraya, en 1999, la baja de las tasas de forestación, lo que fragilizaría la competitividad. Pero evidentemente olvidan los subsidios del Estado a las forestales (con dinero de los contribuyentes), las ventajas tributarias, la publicidad de que gozan en nombre del progreso del país, la tala del bosque nativo por parte de esas empresas con el consiguiente perjuicio para el entorno medioambiental : agua, fauna, por ejemplo. Y, por supuesto, el costo del daño medioambiental no lo asumen ellos. La superficie de los bosques nativos disminuyó, entre 1985 y 1996, de 7,6 millones de hectáreas a 5,6 millones de hectáreas. " Las forestales de Angelini aparecen con la mayor responsabilidad en la tala de 7 mil hectáreas de bosque nativo que se pierden anualmente en Chile " (6). En el sector poniente de las provincias de Bío-Bío, Malleco y Cautín, predominan ahora las plantaciones de pino y eucaliptus.

El gobierno en su afán de mantener el " orden público " aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado, entrabando así el diálogo con las organizaciones mapuches. La justicia aplica mano dura : en septiembre de este año se deunciaba la existencia de ocho presos políticos y más de 300 procesados y condenados en libertad condicional (7). Y el Director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena afirma que " no obtendrán tierras quienes utilicen la violencia para defenderla " (8). Pero no sólo " no obtendrán tierras ", sino que también pueden perder la vida reivindicándola como el joven Edmundo Alex Lemun baleado por la policía, el 7 de noviembre de este año, en las cercanías de Angol.

¿Nuevos problemas?

En algunos discursos y análisis concernientes a la movilización mapuche, la " modernidad ", el carácter " etnonacional ", la " ecología ", la antiglobalización, aparecen como elementos caracterizadores de la realidad o de las luchas de estos últimos años. Pensamos que el sustento esencial de las movilizaciones de fines del siglo XX y comienzos del XXI sigue siendo el mismo : la tierra. No sólo como medio de subsistencia, sino como matriz del protagonismo cultural (espiritualidad, cosmovisión), económico y autonómico.

La restitución de tierras. El problema no es nuevo. Así lo muestra la historia de las organizaciones mapuches y de sus reivindicaciones a lo largo del siglo XX.

Desde la derrota militar mapuche (1881), su territorio estimado en unos diez millones de hectáreas pasó a ser propiedad del Estado y la población mapuche fue empujada a vivir en " reducciones " (reservas) en tierras menos fértiles, en una superficie de unas 500.000 hectáreas, mientras se distribuían a colonos nacionales y extranjeros 9 millones de hás.

Desde entonces la lucha por recuperar tierras usurpadas será un elemento esencial de las reivindicaciones a lo largo del siglo XX. Reivindicación y lucha por la tierra que lo llevó en repetidas ocasiones a confrontaciones con grandes propietarios.

Organizaciones indígenas, como La Sociedad Caupolicán (1910), ya planteaban la restitución de " las tierras usurpadas " y denunciaban la continuidad de la usurpación por parte de particulares. Señalaban, en los años 20, los atropellos, castigos e injusticias por parte de propietarios de tierra, muchas veces coludidos con la policía (9). " Ante las leyes comunes al indígena se le castiga con más rigor que al letrado " declaraban en 1940 el Frente Unico Araucano y la Corporación Araucana. En 1953 el diputado Cayupi denunciaba en la Cámara de Diputados el asesinato de 4 mapuches y dos heridos a balas a manos de propietarios de tierra.

A fines de los 60 y comienzos de los 70, protagonizaron tomas de predios y corridas de cerco cuyas consecuencias, entre diciembre de 1970 y mayo de 1972, fueron la muerte de 4 campesinos mapuches y varios heridos a bala, porque los propietarios retomaron la tierra. Las tomas contravenían la legalidad, pero esa legalidad fue inexistente durante siglos frente a los atropellos, las expropiaciones, las estafas, de que fueron víctimas los indígenas. En los años 70 la restitución de tierras seguía siendo una de las demandas esenciales. Y el gobierno de Salvador Allende tenía la decisión de ir " recuperando por la vía de las expropiaciones y las vías administrativas las tierras usurpadas " (10). Bajo su gobierno se restituyeron casi 70.000 hectáreas.

En suma, la constitución de la propiedad de la tierra en la llamada Araucanía es uno de los capítulos esenciales de la historia del sur chileno. Sin embargo, es insuficientemente conocido. Se encuentran pocas referencias, en la divulgación histórica, a las formas de enajenación de las tierras mapuches : ventas fraudulentas, deudas ficticias, " herencias ", falsos poderes de venta. El Dr. Valdés Cange (A. Venegas), en su " Chile íntimo en 1910 " se refería no a uno sino " cien procedimientos para burlar la lei i despojar a los indígenas ". Así -dice- construyeron sus fortunas muchas de las " familias distinguidas que se pavonean en los salones aristocráticos de Santiago ". Pero las formas inescrupulosas de hacer fortuna no es exclusividad del siglo XIX, también lo es a finales del siglo XX. Quinquén en las cercanías de Lonquimay (octava región) constituye una ilustración reciente. El 31 de diciembre de 1990, la Corte Suprema indemnizó a la empresa forestal Sociedad Galletué con mil novecientos quince millones de pesos. ¿La razón ? La suspensión del corte del pino araucaria. La familia Lamouliat reclamaba reparos por los perjuicios que tal medida le habría ocasionado. Pero no satisfechos con eso, alegando posesión de títulos de propiedad por las tierras en Quinquén, lograron que la misma Corte Suprema decidiera el desalojo de más de cien personas. Para evitar la aplicación de la medida, los Lamouliat, después de negociación, recibieron seis millones de dólares del Estado. Todo ese dineral, " Por algo que nunca había sido de ellos ". Y fueron indemnizados " por unas araucarias que habían nacido antes que los españoles llegaran a Chile " (11).

Hoy como ayer, esas " familias distinguidas " no necesitan confrontarse a la ley, al orden público, al " estado de derecho " pues saben de su histórica indulgencia.
Asumir de frente el capítulo de las formas de enajenación de las tierras mapuches resulta sin duda incómodo porque : " aún están muy cerca los autores de estas irregularidades y dañarían el prestigio de las personas " que no estuvieron directamente involucradas (12). ¿El país de mañana puede cimentarse en amnesias voluntarias ?
La discriminación fue la justificación ideológica del despojo de tierras y de la dominación política y económica. Los ejemplos sobran. Citemos algunos. En un libro difundido en el exterior por el gobierno chileno (" Chile ", 1915) destaca del país " su admirable homogeneidad bajo el aspecto de la raza. La blanca o caucásica predomina casi en absoluto, y sólo el antropólogo de profesión puede discernir los vestigios de la sangre aborigen, en las más bajas capas del pueblo ". Y como no recordar la anécdota consignada por Pablo Neruda en su libro " Para nacer he nacido " (1980) : siendo Cónsul General de Chile en México (1941) fundó una revista para dar a conocer el país, pero cometieron -dice- un error, junto a Luis Enrique Délano, al llamarla Araucanía y al poner en la cubierta del primer número la foto de una araucana. La respuesta oficial cayó sin ambigüedades :

" Cámbiele de título o suspéndala. No somos un país de indios ". Neruda dice, entonces, que para algunos representantes nacionales, " Los araucanos están mal, huelen mal. Huelen a raza vencida. Y los usurpadores están ansiosos de olvidar o de olvidarse. … la mayoría de los chilenos cumplimos con las disposiciones y decretos señoriales : como frenéticos arribistas nos avergonzamos de los araucanos ".

Los pueblos indígenas, desde la segunda mitad del siglo XIX particularmente, fueron el blanco de los prejuicios que ideológicamente el discurso historiográfico contribuyó a acuñar. En el siglo XIX, lo hicieron Barros Arana y Benjamín Vicuña Mackenna por ejemplo. Este último vio en los " araucanos " a " un bruto indomable, dado a todos los vicios : ociosidad, bebida, perifidia, traición " (13). En el siglo XX podemos citar a Francisco A. Encina y a Jaime Eyzaguirre. En la literatura también se observan asomos de la ideología discriminatoria. Por ejemplo, Alberto Blest Gana en su novela " La Aritmética en el amor " pone de realce las virtudes de las " familias nobles " : " pureza de la raza " y " blancura del cutis " que evita la confusión con " verdaderos indios " (14).
En 1999, el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la Discriminación Racial sugirió al gobierno chileno que se disculpara formalmente con los indígenas y los compensara por el tratamiento inadecuado que históricamente han sufrido estos pueblos. El Departamento de Estado estadounidense en su Informe sobre Derechos Humanos (1999) constató igualmente que en Chile hay discriminación social y que los indígenas participan marginalmente en las decisiones gubernamentales.
La tardanza de estas loables preocupaciones no deben restarle su importancia. Observemos que muchos mapuches sufrieron encarcelación, muerte y exilio en los años de dictadura. Estos hechos fueron denunciados ante la opinión pública internacional por el Comité Exterior Mapuche en los años 80. Las organizaciones indígenas han denunciado a lo largo del siglo XX el trato discriminatorio ; los Obispos en su Pastoral de 1968 " Chile Voluntad de Ser " ya apuntaban la discriminación sutil y encubierta. Discriminación también señalada en el documento de " la Concertación a los pueblos indígenas " (1989). No se trata entonces de un fenómeno nuevo. Pero hoy, el país tiende al paroxismo de la intolerancia :

" La intolerancia en nuestro país es tremenda y se considera un alto nivel de disgregación entre los chilenos … Una persona que sea considerada punga puede ser discriminada con los mismos grados de agresividad que se manifiestan en contra de minorías como los homosexuales e indígenas " (15).

Esta historia de despojo de tierras y de discriminación, marca la historia mapuche y constituye una especificidad con respecto a los otros sectores sociales chilenos. Si este aspecto específico de la realidad no es abordado de frente, el llamado " problema mapuche " no se extinguirá ni con el olvido de algunos, ni con la represión policial, ni con la reducción de su realidad a la cuestión campesina.

¿Nación "unitaria" o pluricultural?

Decíamos al comienzo que las reivindicaciones mapuches más allá de su especificidad cuestionaban la idea de nación homogénea. Concepción de la nación enraizada en el proyecto de Estado Nacional de la oligarquía decimonónica que se proponía asentar durablemente su dominación. Y fue conformando una nación que no dejaba cabida al aporte indígena, salvo el mapuche histórico que contribuyó a alimentar el patriotismo chileno. La " homogeneidad racial " no cuenta con el indígena contemporáneo. En un Estado y nación así concebidos no resulta sorprendente la ausencia de un protagonismo mapuche reconocido.

La idea de " país unitario ", sostenido por las elites, ha omitido más que secularmente la pluralidad de culturas y de identidades. Hoy cabría interrogarse seriamente acerca de la viabilidad de tal concepción de la nación, no como cuestionamiento de la integridad del país sino como búsqueda de un proyecto colectivo que asentándose en la diversidad de realidades, permita al " Chile que viene " fundarse en la participación de todos sus componentes a partir de lo que le es propio. Tanto más cuanto se reconoce que " una sociedad pluricultural y pluriétnica no atenta contra la unidad nacional, ni en sus aspectos políticos, ni sociales ". La idea de una supuesta 'unidad racial' está superada por la historia " (La Concertación a los Indígenas, 1989). Las organizaciones mapuches no plantean otra cosa con la demanda de reconocimiento constitucional de su identidad. Para los responsables políticos partidarios de la pluriculturalidad y la plurietnicidad, el desafío es pasar del discurso a los hechos. Esto, pese a los espantos de El Mercurio que teme " el separatismo ".

No es dando la espalda al pasado que podemos vislumbrar mejor el porvenir, como tampoco salvaguardando una visión histórica acuñada por la oligarquía en el siglo XIX y perpetuada a través de la escuela, los medios de comunicación, los discursos oficiales, los intelectuales anuentes a sectores dominantes.

Viejas realidades y nuevos contextos.

La clausura de la democracia en septiembre de 1973 significó una ruptura con el pasado y una reorganización de la sociedad. Se anuló el espacio de la acción política y los actores populares (sindicatos, etc.) se encontraron sin canales de expresión y participación política. Otros actores empiezan a perfilarse con más vigor en los años 80 : Iglesia, organizaciones indígenas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones culturales.

Viejas realidades resurgen a la luz de nuevos contextos. Sin duda, se puede visualizar en la movilización mapuche ingredientes ecológicos, éticos, o se la puede sumar a los grupos contestarios de la mundialización económica. Pensamos sin embargo que las viejas reivindicaciones siguen marcando la especificidad de la lucha mapuche actual : reivindicaciones de territorio (16), lucha contra la discriminación, reconocimiento constitucional de su identidad, demanda de pluralidad cultural. En la demanda de reconocimiento como pueblo (en la acepción del Convenio 169 de la O.I.T.) (17) y de pluralidad cultural subyacen viejas reivindicaciones como la enseñanaza de la lengua materna (mapudungun), el respeto a las costumbres, escuelas para mapuches, el rescate de símbolos (banderas, lanzas). Son manifestaciones identitarias, como también lo es la existencia secular de organizaciones indígenas. Esto denota la presencia en la sociedad chilena no de una identidad única, sino de diversas identidades.

Las reivindicaciones se enmarcan ahora en un contexto que rebasa el cuadro nacional. En los años 90 se ha acentuado la dimensión etnico-cultural del movimiento mapuche. Pensamos que ésta se inscribe en al menos dos realidades : a) la evolución de los movimientos indígenas en Latinoamérica, en particular del discurso autonomista, b) en el desarrollo, en un cuadro más general, de los discursos identitarios que subrayan la diversidad cultural frente a la creciente mundialización financiera y comercial especialmente. Podemos agregar la defensa de los derechos lingüisticos considerados como parte de los derechos humanos y el desarrollo del movimiento ecologista.

La lucha por los derechos culturales se acentuó en los últimos decenios del siglo XX y se prolonga al siglo XXI. Es en este cuadro que debe entenderse la demanda mapuche de reconocimiento como pueblo más que como etnia.
En América Latina, los años 90 se inician con el levantamiento indio de 1991 en Ecuador y con el movimiento de Chiapas en 1994. En ese decenio, varios Estados reconocieron constitucionalmente su carácter multiétnico y pluricultural (Colombia, Perú, Mexico, etc). Mientras Chile se aferraba a una concepción decimonónica de la nación. La demanda de autonomía, de autodeterminación que ya se planteaba en los años 70 (Bolivia, Ecuador, Venezuela, México, por ejemplo) se amplifica en los años 90 favorecido por la apertura de algunos países hacia la cuestión indígena. Apertura que se plasmó en el reconocimiento constitucional y en la ratificación por varios Estados del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Salvo Chile pues la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado rechazó el 3 de julio de este año el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución Política del país.
En Europa (paradigma recurrente de las elites chilenas) se ha avanzado en el reconocimiento de la diversidad : ahí están, para ilustrarlo, las autonomías españolas, los cantones suizos con idiomas diferentes, la enseñanza de las lenguas regionales en las escuelas francesas (18).
A este contexto se añade la mundialización, una variable que no se puede ignorar. La política de los Estados es cada vez menos nacional. Recordemos las palabras del subcomandante Marcos : " El poder no está en los Estados Nacionales, sino en los centros financieros ". Las grandes empresas prosiguen su desnacionalización. Las empresas forestales chilenas por ejemplo, no circunscriben sus inversiones al sur chileno, también están presentes en Argentina, Brasil y Uruguay. Y los escenarios de las protestas también han traspasado las fronteras nacionales alcanzando a Seattle, Génova, Porto Alegre.
La cultura tampoco escapa a esta mundialización. Hay una creciente mercantilización de los llamados productos culturales. Esto ha llevado a un reforzamiento de los discursos y movimientos identitarios.

Los desafíos.

Los gobiernos de la Concertación mostraron indiscutiblemente una voluntad política de reconsiderar las demandas de los llamados pueblos originarios. Ilustran esa voluntad los acuerdos de Nueva Imperial (dic. 1989), la creación de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (CEPI) en 1990 (cuyo principal objetivo era la elaboración de una nueva Ley Indígena), la Ley Indígena 19.253, la creación de la Conadi en 1993, el envío al Parlamento del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas (que necesita la reforma de la Constitución), en 1991 la propuesta al Congreso Nacional de ratificación del convenio 169 de la O.I.T. cuya ratificación el gobierno vuelve a proponer en 1999. El gobierno de Lagos creó el Grupo de Trabajo para los Pueblos Indígenas (2000) afin de que se plantearan recomendaciones para asegurar el desarrollo de los indígenas en Chile y sentar las bases para un nuevo trato entre Estado y Pueblos Indígenas. Se promovieron los diálogos Comunales Mapuche (1999) en 31 comunas de la Novena y Octava Región. Se otorgaron becas, se consideraron 150 mil has. para incorporar al patrimonio mapuche. Actualmente se implementa, con la participación de los interesados (comunidades aymará, atacameña y mapuche) el " Programa de Desarrollo integral de las comunidades indígenas " (2001), luego del acuerdo entre el Estado chileno y el B.I.D. El programa apunta al desarrollo productivo, educacional y cultural, salud intercultural, respetando a las organizaciones existentes.
Todo eso perdió trascendencia y efecto por la agudización de los conflictos con las empresas forestales, por el rigor de los Tribunales de Justicia para con los mapuches, por la aplicación sistemática por parte del gobierno de la Ley de Seguridad Interior del Estado y por su indulgencia frente a los empresarios y sus guardias privadas.
Las nuevas relaciones que se establezcan entre los indígenas, el Estado, la sociedad sólo puede fundarse en una política que se geste desde y con el mundo indígena. Favoreciendo una participación de sus instancias representativas en gobiernos municipales y regionales en el marco de una gestión estatal descentralizada.
La criminalización de las movilizaciones mapuches es una opción de autoritarismo político de triste recuerdo en el país. Si no se quiere desperdiciar la posibilidad de asumir la realidad de los pueblos indígenas bajo otras perspectivas : la de las transformaciones políticas, sociales y culturales, se debe transitar por la vía política que se gesta en el terreno en concordancia con los protagonistas de base. La Concertación tiene el dasafío (de trascendencia política) de actuar en consecuencia con su disposición política manifestada en 1989 : " abrir espacios a posibilidades de desarrollo autónomo ", " reconocimiento de una sociedad pluricultural y pluriétnica ", crear canales de participación directa de las bases pues el desarrollo no debe responder únicamente a parámetros económicos, debe responder asimismo a una ampliación de los espacios para el ejercicio de los derechos políticos y de libertades públicas. Es decir, se trata de instaurar modalidades para el protagonismo efectivo de los actores de base. La relevancia de esto es evidente si pensamos que la profundización de la democracia es uno de los retos para el desarrollo del país.
En la perspectiva de un desarrollo autónomo, merecen mayor atención los espacios regionales. La especificidad de estos espacios, con presencia indígena, requiere una atención particular para encontrar los elementos explicativos de lo que hoy se constata, por ejemplo : la pobreza de la población indígena. Se trata de ir más allá del diagnóstico : ¿ qué es lo que origina la pobreza ? La Novena Región ostenta un triste récord en la población mapuche : el mayor porcentaje de pobreza a nivel nacional, un 57 % de analfabetismo según el Censo de 1982. En la comuna de Tirúa, provincia de Arauco, con un 70 % de mapuches, la Forestal Mininco del grupo Matte-Larraín es dueña del 60 % de las tierras. Sin duda, hay correlación entre presión por tierras de parte de las forestales y pobreza en Arauco, Malleco y Cautín. En nombre del " progreso y desarrollo nacional " la expansión de las forestales se ha acrecentado al igual que la pobreza.
La mayoría de la población mapuche se ha concentrado a lo largo del siglo XX en las provincias de Cautín, Malleco y Arauco. La población rural, en 1966, se estimaba en 326.066 (Dirección de Asuntos Indígenas) y la población urbana en 40.000. 72 % de la población rural de Cautín era mapuche y ocupaban el 22 % del área ocupada por los predios agrícolas (13). Hoy, la población se concentra en dos regiones: la novena y la metroplitana. Notemos el notable incremento de la población mapuche urbana (49 %). Es un fenómeno reciente. La emigración hacia las ciudades conoció un primer repunte en los años cincuenta y sesenta por una insuficiencia de tierras y una inadecuada política de desarrollo rural que contemplara las especificidad del desarrollo mapuche. Según el Censo de 1992, de un total de 928.060, 407.421 mapuches viven en las ciudades.
La realidad urbana va conformando una situación específica de los mapuches : problema habitacional (muchos viven como allegados en casa de parientes y han formado Comités para reclamar viviendas), trabajan en construcciones y las mujeres como empleadas domésticas. Unos 300.000 mapuches de la región metropolitana, viven en las comunas más pobres : Pudahuel, Cerro Navia, Colina, La Pintana. De modo que sus demandas no pueden supeditarse como a veces se sostiene a las demandas de los campesinos mapuches, aun cuando los contactos con las comunidades de origen no se rompen. Los mapuches urbanos han tenido siempre sus organizaciones propias, como las que hoy reclaman viviendas, además de " espacios territoriales " para la manifestación de prácticas culturales.
La Concertación no puede persistir en una postura ideológica que consiste en ver las movilizaciones mapuches simplemente como una alteración del orden y por lo tanto una transgresión de la legalidad. Para quienes no aspiran simplemente a gestionar y/o fortalecer el orden neoliberal, ¿cuál es el sentido de la democracia que se pretende instaurar ? ¿Es la aceptación y respeto de la legalidad ? En este caso se plantearía el problema de su legitimidad. ¿En qué se legitima la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley antiterrorista ? El impulso y fortalecimiento de una nueva democracia no puede fundarse en una concepción del Estado, del orden, de la ley, que ha servido para legitimar privilegios y discriminaciones. Debe emerger del protagonismo efectivo de los actores sociales de base.

El desafío en la perspectiva de un desarrollo que no se circunscribe a parámetros puramente económicos se plantea igualmente a las organizaciones indígenas. Sus dirigencias y sus intelectuales, deben asumir un debate interno abriendo paso a perspectivas factibles. Se debe sobrepasar las condenas globales sin matices e identificar claramente los obstáculos. Una denuncia global y puntual del Estado, por ejemplo, puede revelarse insuficiente si no se consideran sus vaivenes : desde aquél que enajenó las tierras mapuches en el siglo XIX hasta el que asentó su poder en una cruenta dictadura militar.

El Estado dictatorial significó una disposición a terminar con los indígenas : el decreto-ley 2568 de 1978, elaborado sin participación indígena, se proponía la división de las tierras para luego dejar de considerarlas " tierras indígenas, e indígenas a sus dueños y adjudicatarios" (art. 1). Las tierras resultantes de la división podían gravarse o hipotecarse a favor de cualquier organismo del Estado, de instituciones financieras, crediticias o bancarias. Todo esto se inscribía en la lógica económica neoliberal. En 1977 se estimaba que sólo el 70 % de los pequeños propietarios tenía reales posibilidades de estabilizar su producción, el " resto que corresponde a los mapuches, no tienen solución " (Rev. Ercilla, primera semana de julio 1977). Para apropiarse de las tierras mapuches (que conforme al decreto-ley no eran vendibles durante veinte años) se recurrió al arriendo por 99 años, éste fue uno de los medios que permitió a las empresas forestales adueñarse de tierras mapuches. Entre 1979 y 1986 se dividieron 1739 comunidades. El Archivo de Títulos de Merced de Temuco fue destruido, eliminando por consecuencia las trazas de los títulos de Merced entregado a más de dos mil comunidades mapuches. Son las consecuencias de una política emprendida por el aparato estatal que fuera ocupado transgrediendo absolutamente el funcionamiento democrático. Denunciar el Estado jacobino, de vieja data, es pertinente, pero creemos que lo esencial es plantearse el cómo revertir esa situación.

Por otro lado se impone una profundización de la idea de autonomía : en qué medida puede concretizarse en un país hegemonizado por un neoliberalismo ortodoxo, en un país en donde los grupos monopólicos militan por las privatizaciones a ultranza y persisten en una disminución del rol del Estado en la economía. Por otro lado, qué dimensión asume la autonomía frente al Estado y la sociedad civil, cómo materializarla en el plano político, económico, administrativo, cultural. Cómo se percibe la autonomía en las comunidades y entre los pequeños agricultores mapuches. Qué formas asume en la región metropolitana. Estas interrogaciones cobran mayor sentido cuando el Director de CONADI declara que " la autonomía es absolutamente inviable, porque los territorios que ocupan son los más pobres del país, en consecuencia autonomizarlos implicaría dejar a la población indígena que allí existe en total abandono " (19). ¿Qué concepción de la autonomía conlleva esta declaración ? El " abandono " supone desentendimiento estatal, cabría preguntarse si la autonomía significa desprenderse del Estado chileno. Algunos sectores han optado por una estrategia de confrontación con el Estado, pero aparte de su viabilidad política no sólo teórica sino práctica, ¿desembocaría esta confrontación en un desprendimiento del Estado ?

El neoliberalismo ha golpeado a los sectores sociales más frágiles de la sociedad, incluido los indígenas, al flexibilizar el mercado laboral, al integrar plenamente la economía chilena al mercado mundial, al reducir los gastos y las inversiónes públicas. El resultado ha sido una concentración de la riqueza y un empobrecimiento de la población económicamente más endeble. Más allá de atenerse al funcionamiento " colonialista " del estado nacional, habría que escrutar el funcionamiento de la mundialización y de las leyes del mercado.

Para construir el " Chile que viene " con justicia y equidad, la reflexión (en Boston o en otra parte) no puede prescindir de la realidad de todos sus componentes sociales y culturales, so pena de seguir en : " Un Chile paradojal, construido a punta de modernidad y desigualdad, de ausencias y presencias " (F. Márquez, Rocinante n° 42). Los " pueblos originarios " no pueden quedar al margen de una reflexión (que se asiente en el terreno económico, histórico y político) si hay disposición a superar olvidos, prejuicios e intolerancias.

Noviembre 2002.



NOTAS.

1. En 1999 se pidió la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y de la Ley de Control de Armas en contra de OSEPAR. El asunto quedó en nada.
2. Revista Ercilla, 18.3.02.
3. Cit. por Alfredo Seguel, " Invasión Forestal-Etnocidio Mapuche ", 2001.
4. S. Gomez, J. Echenique, " La agricultura chilena. Las dos caras de la modernización ", Flacso, Santiago 1988. Son datos concernientes al último sexenio de la dictadura.
5. R. Foerster y Javier Lavanchy, " La problemática mapuche ", 1999.
6. Kollectivo Toqui Lientur - Kontrainformación, Internet, 21.9.02.
7. Diario El Gong, 23.5.02.
El gobierno debe enfrentar además el problema de la construcción de una represa en tierras pehuenches por la empresa española Endesa (Ralco, en Alto Bío-Bío. Implica 3.467 hás. Y una inversión de 500 millones de dólares.
8. R. Foester y S. Montecinos, " Organizaciones, líderes y contiendas mapuches, 1988.
9. S. Barracloug y J. A. Fernández, " Diagnóstico de la Reforma Agraria chilena ", 1974, p. 32.
10. J. Bengoa, " Historia de un conflicto ", 1999.
11. R. Ferrando, " Y así nació la Frontera ", 1986.
12. Cit. por J. Blancpain, " Les Allemands au Chili (1816-1945) ",1974, p. 455.
13. Jaime Valdivieso, " Señores y Ovejas Negras ", 2000, p. 23, 25.
14. Rafael Merino, " Hostiguemos a los rotos ", en Chile Hoy, Internet, 5.11.02.
15. A. Saavedra, " La cuestión mapuche ", 1971.
16. Hoy se plantea la "reivindicación del territorio histórico Mapuche " porque " en este espacio se debe hacer justicia histórica, es decir, devolución de las tierras usurpadas en cantidad suficiente para garantizar la preservación y proyección de nuestra cultura actualmente amenazada ". Consejo de Todas las Tierras, " El pueblo mapuche y sus derechos fundamentales ", 1997.
17. El Convenio se aplica a los " pueblos … que se distinguen de otros sectores de la " colectividad nacional " y que " tienen conciencia de su identidad indígena y tribal ", Art. 1, Convenio 169, O.I.T., 1989.
18. La Constitución española de 1978, junto con afirmar " la indisoluble unidad de la Nación española ", reconocía el pluralismo incluso de los símbolos. La bandera por ejemplo. En Bretaña (Francia) la bandera bretona flamea junto a la francesa y a la de la Comunidad europea.
19. Aroldo Cayún, El Diario Austral de Temuco, 5.10.02.